“¿Por qué no manda a traer a los comisaros?”; “¿Por qué nos atiende después de 15 días?”; ¿Por qué en esta ciudad pueden entrar civiles armados cuando quieren?”; “¿Por qué no se investiga a las autoridades municipales?”; “¿Por qué tanta gente lo acusa de tener nexos (con el narco)?”; “¿Por qué desde su mandato hay tanto crimen y balacera?”, y “¿Cuándo nos van entregar a nuestros hijos?”.
Preguntaron y preguntaron durante casi tres horas los familiares de las 16 personas que desaparecieron antes y durante la irrupción de los civiles armados, al gobernador Rogelio Ortega Martínez y al alcalde Francisco Javier García González.
El 11 de mayo, unos 200 pobladores de la cabecera municipal marcharon por las ciudad, demandaron dos cosas. Una: el retiro de los civiles armados que dos días atrás desarmaron a la Policía Municipal y tomaron el control, y dos: la entrega de las personas detenidas.
Desde ese día, las familias de 16 personas desaparecidas no han cesado en su demanda de la presentación con vida de sus parientes. Se han reunido con funcionarios de gobierno, de derechos humanos, han entregado muestras de ADN. Han sido 13 días de angustia y dolor pero, sobre todo, ese tiempo ha sido de desesperación, de incertidumbre.
Este domingo, 13 días después, Ortega Martínez se reunió con los familiares de los desaparecidos en Chilapa. El encuentro fue en el seminario. Estuvieron presentes, además del gobernador y el alcalde, el secretario general de Gobierno, David Cienfuegos Salgado; el secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán; el fiscal general del estado, Miguel Ángel Godínez Muñoz; el presidente interino de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum), Ramón Navarrete Magdaleno. Todos comenzaron a llegar después de las 12 horas.
El encuentro iba a ser privado, pero a solicitud de los familiares se le permitió el acceso a la prensa.
De los primeros reclamos que recibió Ortega Martínez fue su tardanza para atenderlos: “¿Por qué tardó 15 días para atendernos?”, le dijo el señor Bernardo Carreto González, quien tiene tres hijos, un hermano y sobrino desaparecidos.
Le exigió a Ortega Martínez que mande a traer a los comisarios municipales con los que negoció la salida de los civiles armados.
Emplazó por primera vez: “Le damos 48 horas” para entregar con vidas a las personas que se llevaron los civiles armados.
Carreto González le reclamó la inacción de las corporaciones policiacas –el Ejército, la Policía Municipal, la Gendarmería– durante la presencia de los civiles armados.
“¿La policía nada más está para cuidar al alcalde?”, les preguntó.
De inmediato tomó la palabra Lizet Abundiz Sánchez, hermana de Gilberto, un joven de 30 años desaparecido el 30 de marzo en la puerta de su casa.
Lizet dijo que el sábado mientras declaraba ante la Policía Federal, reconoció a su hermano entre uno de los cuerpos que fueron hallados el jueves pasado en la comunidad de Nejapa. Pidió a Ortega Martínez ayude para agilizar los trámites para que su hermano sea sepultado lo antes posible.
Pero la joven no soportó y explotó: “Maldita la hora en que vino mi hermano (de vacaciones) a Chilapa”.
Exigió a Ortega Martínez que investigue a las autoridades municipales y después viéndolo le preguntó al alcalde: “¿Explique por qué tanta gente dice que tiene nexos?”; “¿Por qué desde su mandato hay tanto crimen y balaceras en Chilapa? Conteste, señor presidente”, soltó la joven.
El alcalde responde
El alcalde pidió la palabra y se justificó. Dijo que la situación de Chilapa no es exclusiva, que eso, la violencia, pasa en todo el país. Agregó que las desapariciones no son un asunto que le competan al gobierno municipal, que él sólo tiene a su cargo una policía que es preventiva. Indicó que desde hace tiempo informó al ex gobernador Ángel Aguirre Rivero de la situación. Dijo que compró armamento a la Sedena, pero ésta se lo retiró porque se necesitaba de adiestramiento antes. Justificó que no tiene policías suficientes, además de que ya se puso a disposición de la PGR para que lo investigue y que si le encuentran algún nexo que lo castiguen.
“Hagan algo. Ustedes están provocando que hagamos justicia por nuestra mano”, le dijeron a gobernador.
Las propuestas de Ortega
Ortega Martínez les ofreció constituir una comisión especial que le dé seguimiento “día a día” a la investigación y una mesa bilateral donde participen los pobladores de las comunidades, porque, dijo, también son agraviados. “Esto es un problema de pueblo con pueblo”, indicó.
El mandatario intentó justificar su tardanza para reunirse con ellos. Les dijo que de inmediato a la irrupción envió una comisión para establecer el diálogo con los comisarios. Y quiso confirmar su compromiso: “A mí me interesa mucho el problema de Chilapa, por eso lo convoque”.
“Usted vino más para limpiar su imagen. Vino más a la fuerza que por ganas”, le dijo uno de los familiares y después le dijeron que desde el inicio ellos lo han estado buscando.
Ortega Martínez les pidió a los familiares que entiendan que hay otra parte que también está agraviada y que ya presentaron denuncias por la desaparición de 30 personas. Y les dijo que el verdadero problema es la disputa entre Los Rojos y Los Ardillos, quienes, dijo, están reclutando niños, personas en condición de pobreza y políticos, le completó uno de los familiares.
A los funcionarios, los familiares les pidieron que se coordinen y que no anden “peleando como niños”, en alusión al intercambio de declaraciones que hicieron esta semana el gobernador y el alcalde. También les exigieron la salida de la Gendarmería, la policía del gobierno del priísta Enrique Peña Nieto.
Al final, José Díaz Navarro, hermano de dos desaparecidos, dijo que no les quitaban más tiempo para trabajar y que en 48 horas se volvían a reunir para revisar los resultado.
“No queremos escuchar más: queremos hechos”, dijeron y terminó la reunión.
FUENTE: lajornadaguerrero.com.mx
Dan chilapeños 48 horas a Ortega para que presente a los 16 desaparecidos
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