BAJO FUEGO: Expediente abierto

José Antonio Rivera Rosales

Aunque hasta ahora el reparto de culpas por la tragedia de Ayotzinapa se ha centrado primordialmente en las dirigencias del Partido de la Revolución Democrática (PRD), hay otros responsables que han guardado silencio pero que, igualmente, llevan sobre sí una pesada lápida de responsabilidad.

En su momento, el exalcalde José Luis Abarca fue postulado por una coalición integrada por Movimiento Ciudadano y por el Partido del Trabajo, además del propio PRD. Los señalamientos, con justa razón, se centraron en los dirigentes partidistas más obvios, como Jesús Zambrano Villalba, Carlos Reyes Torres, Sebastián de la Rosa Peláez, Víctor Aguirre Alcaide y el exsecretario de Salud, Lázaro Mazón Alonso.

Claro que sobre ellos pesa la mayor carga de la responsabilidad al extremo de que debían estar bajo investigación de parte de la Procuraduría General de la República (PGR), especialmente Mazón Alonso y Sebastián de la Rosa, quienes lo protegieron hasta el último momento a pesar de todas las evidencias en contra.

Sin embargo, otros dirigentes partidistas ayudaron a servir la mesa: dado que se trató de una coalición, los dirigentes de MC y del PT debían estar también en la mira de las autoridades federales. Ellos son Efraín Ramos Ramírez y Fredy García Guevara, quienes en 2012 eran los dirigentes estatales de MC y PT, en forma respectiva.

El caso de Ramos Ramírez reviste una particularidad especial: su partido, MC, es en realidad una franquicia cuyo dueño, al menos en el estado de Guerrero, es Luis Walton Aburto, el actual candidato a la gubernatura.

Efraín Ramos Ramírez, como ahora Adrián Wences Carrasco, fungía como dirigente estatal formal de MC, pero en realidad era un empleado de Walton Aburto.

Es decir, en realidad fue Luis Walton quien aprobó y respaldó, junto con los líderes perredistas y petistas, la candidatura de José Luis Abarca para la alcaldía de Iguala, que finalmente ganó con los resultados por todos ya conocidos.

Sería saludable, pues, que la PGR llame a declarar tanto a Walton como al dirigente petista García Guevara para explicar cómo es que formalizaron una coalición que postuló al infame Abarca a un cargo de elección popular. ¿Cuáles fueron los acuerdos para impulsarlo? ¿Con qué compromisos?

Por cierto, Walton no tuvo el menor empacho para que Lázaro Mazón -el mismo que abrió las puertas del PRD a José Luis Abarca- lo acompañara en su arranque de campaña en la misma ciudad de Iguala, donde ocurrieron tan infaustos acontecimientos que todavía siguen bajo investigación penal y cuyo expediente no cerrará hasta que se conozca el paradero final de los muchachos de Ayotzinapa.

En este punto habría que revisar otros aspectos poco explorados de este doloroso episodio. En días recientes el diario Milenio dio a conocer parte de los reportes de operaciones entregados en tiempo y forma por oficiales del 27 Batallón de Infantería (27 BI) al mando de la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo.

Como era de esperarse, esos reportes del 27 BI se registraron en tiempo real mientras se perpetraron los ataques de policías y sicarios contra los estudiantes aquella noche del 26 de septiembre de 2014. Lo primero que esos informes confirman es que los militares estuvieron informándose en todo momento sobre lo que estaba ocurriendo y que, llegado el caso, hicieron acto de presencia en los hospitales donde se refugiaron los sobrevivientes .

Desde luego que esto deja como un mentiroso al exprocurador Jesús Murillo Karam, quien en entrevistas de prensa dijo que los soldados jamás habían intervenido en el conflicto. Ahora sabemos que sí lo hicieron, pero para saber lo que estaba ocurriendo realmente dado que el jefe de la Policía Municipal, Felipe Flores, siempre trató de tergiversar los hechos ante el mando del 27 BI, coronel José Rodríguez Pérez.

En realidad, con su presencia en los hospitales donde estaban los sobrevivientes, los militares coadyuvaron a preservar vidas humanas porque ningún sicario ni policía en su sano juicio habría atacado a los normalistas frente a tropas fuertemente armadas.

Sin embargo, hay algo más perturbador de los propios militares que hasta ahora no ha salido a flote: en realidad es poco conocido que cada batallón cuenta con una sección denominada Servicio de Información, Instrucción y Operaciones (SIIO), un órgano de búsqueda de información que, en los hechos, funciona como una suerte de inteligencia operativa adscrita a cada BI.

Por necesidad, el SIIO debió estar informado desde mucho antes del 26 de septiembre de las operaciones ilícitas y las relaciones peligrosas a las que era adicto el matrimonio José Luis Abarca-María de los Ángeles Pineda.

Esto significa que, al menos desde que Abarca ascendió al poder local en 2012, el mando del 27 BI debió estar informado de la multiplicidad de ilícitos en que incurrió el munícipe en el municipio de Iguala y circunvecinos, dado que era el área de influencia de los Guerrero Unidos encabezados por Mario Casarrubias, de los que el edil y su esposa eran parte activa.

Homicidios, secuestros, asaltos, extorsiones, traslados de valores y un largo etcétera debieron ser del conocimiento del jefe del 27 BI desde tiempo atrás y, por extensión, debieron ser reportados a la 35 Zona Militar que, a su vez, debió informar al Mando Territorial con sede en Acapulco.

Esto es, los mandos militares con seguridad contaban con una buena porción de información sobre los manejos ilícitos del alcalde, mismos que debieron hacerse del conocimiento del Alto Mando de la Secretaría de la Defensa.

¿Y qué fue lo que pasó? Nada.

¿Qué harán ahora para investigar las omisiones históricas en que incurrieron los mandos involucrados?

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