José Antonio Rivera Rosales
La auditoría Superior de la Federación descubrió que recursos federales asignados a la Cruzada Nacional Contra el Hambre, programa emblemático del gobierno de Enrique Peña Nieto, fueron triangulados hacia una misteriosa empresa cuyos propietarios son aún desconocidos.
Aunque por ley la ASF, que depende de la Cámara de Diputados, está encargada de revisar las cuentas públicas federales, pareciera que sus resultados no siempre son tomados en cuenta, a menos que señalen irregularidades graves en el manejo de la hacienda pública que se reparte entre las entidades del gobierno federal tanto como entre los gobiernos estatales.
Por lo pronto, una de las más recientes revisiones a la cuenta pública del programa Cruzada Nacional contra el Hambre (CNcH), el programa social estelar del presidente Peña Nieto, descubrió lo que se podría tipificar como un fraude maquinado con recursos federales.
Si se confirma que se trató de un fraude que implica la comisión de peculado con recursos federales, la titular de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, simple y llanamente deberá comparecer ante la justicia. Al efecto, deberá intervenir la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, para determinar si este proceder se encuadra en la figura penal de operaciones con recursos de procedencia ilícita, ante lo cual obligadamente deberá actuar la Procuraduría General de la República (PGR).
Según datos dados a conocer por la ASF, detallados por diferentes medios de información, de 993 millones de pesos auditados por la institución correspondientes al ejercicio fiscal de 2013, el 60 por ciento de los recursos fueron a parar a cuentas de una empresa denominada Esger, Servicios y Construcciones S.A., una firma que poco o nada tiene que ver con los propósitos del programa “Sin Hambre”.
De acuerdo con las conclusiones de la ASF, de los citados 993 millones de pesos auditados, 885 millones resultaron en un “probable daño o perjuicio o ambos a la hacienda pública”.
De acuerdo con la información, mediante convenios celebrados con las universidades Del Estado de México (UAEM) y del Estado de Morelos (UAEMOR), Rosario Robles asignó recursos federales por la cantidad ya citada para promover los objetivos de la Cruzada Nacional contra el Hambre y “concientizar a los jóvenes respecto del problema del hambre”.
A su vez ambas universidades, sin licitación de por medio, subcontrataron a otras empresas comerciales para llevar a cabo estos objetivos mediante la adquisición de productos -kits de despensa, vasos de plástico, gorras promocionales, porta-credenciales, tornilleros y paliacates- que poco o nada tenían que ver con el objetivo fundamental del programa, que es combatir el hambre entre sectores de población en extrema pobreza.
De los 993 millones asignados la mayor parte, 697 millones, fueron entregados a la UAEMOR.
Curiosamente, ambas universidades contrataron -como ya se dijo, sin licitación de por medio- a las mismas empresas: Dumago Systems y Advanced Computer Knowledge que, a su vez, subcontrataron a Esger, Servicios y Construcciones, firma que recibió entre 400 y 500 millones de pesos por simular servicios nunca prestados o al menos no comprobados por la ASF.
El colmo es que la Sedesol “omitió supervisar, dar seguimiento y vigilar la prestación de los servicios convenidos”, concluye la ASF.
En lenguaje coloquial, a este tipo de maniobras se le conoce como triangulación de recursos y es un mecanismo usado para esconder el destino final del dinero. Para no ir muy lejos, es la forma en que los cárteles de la droga operan para lavar los recursos ilícitos.
Como se ve, lo presuntamente triangulado por Mateo Aguirre y los Hughes, por lo cual fueron aprehendidos por la PGR, palidece ante la dimensión del daño patrimonial causado por Rosario Robles a los recursos que debieron sustentar los objetivos de la Cruzada Nacional contra el Hambre.
Resulta extraño, para empezar, que Robles haya contratado con dos universidades situadas en estados con economía más desahogada que Guerrero.
El objetivo fundamental de ese programa fue anunciado en Apango, municipio rural de Guerrero, precisamente porque en esta entidad, así como en Oaxaca y Chiapas, se aplicaría el grueso de los recursos de dicho programa, dado que es el corredor de extrema pobreza.
Por otra parte, si hubo un convenio similar con la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), convendría que los recursos también fueran auditados por la ASF para conocer el destino final del manejo financiero.
Tanto Peña Nieto como Rosario Robles se han dado a la tarea de magnificar la aplicación de recursos para la restauración de los daños causados a la infraestructura y población de Guerrero por los embates del huracán Manuel, recursos que en 2014 se tabularon en más de 32 mil millones de pesos ejercidos en su totalidad por el gobierno federal, en forma directa o vía delegaciones federales.
En fecha reciente, Robles Berlanga anunció que el 70 por ciento de los recursos asignados al Plan Nuevo Guerrero ya se habían ejercido, pero en todas partes han surgido quejas y reclamos airados dado que los beneficios, particularmente en las zonas rurales, no se dejan ver. Las zonas más abandonadas, donde jamás han visto a personal en trabajos de reconstrucción, son La Montaña y El Filo Mayor, áreas extensas donde decenas de miles de personas se debaten en la miseria más indignante, sin la posibilidad de recibir alguna ayuda del citado Plan Nuevo Guerrero.
Así las cosas, los resultados de la auditoría nos revelan apenas un esbozo de la profunda corrupción que caracteriza al gobierno de Peña Nieto, comenzando por el mismo presidente que parece no estar preocupado por la percepción de pudrición que proyecta su administración.
Si el mandatario buscara ser tantito congruente con lo que predica, debiera someter a un profundo escrutinio los desvíos de recursos en todas las dependencias de su administración, así como en los gobiernos estatales priistas. Así, los mexicanos podríamos ver más claro el camino.
Pero…
BAJO FUEGO Estado corrupto
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